El viernes, último día hábil antes del comienzo de las privilegiadas vacaciones pagas de invierno de los jueces, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de la constitucionalidad de la ley audiovisual y pidió que la Corte Suprema de Justicia revoque la decisión en contrario adoptada por la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial. También se presentó un amicus curiae favorable a la vigencia plena de la ley del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, que la Corte aún no admitió. Antes del escrito de Gils Carbó habían presentado apelaciones el Estado Nacional, a través de la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que preside Martín Sabbatella, y el propio Grupo Clarín, que se opone a la fijación de cualquier plazo para cumplir con la ley y reclama compensación por no especificados daños. Según la Procuradora, el fallo de la Cámara desconoció “la irrenunciable protección de los derechos de las personas a la libre expresión y a la información plural, que resulta incompatible con la elevada concentración de medios de comunicación”. La propia Corte Suprema, al tratar el año pasado la medida cautelar advirtió que el Grupo Clarín invocaba la libertad de expresión sin aportar algún elemento probatorio sobre de qué modo se vería afectada. El derecho constitucional y convencional es a participar en condiciones equitativas en el debate público, no a acumular licencias sin límite, agrega la Procuradora.
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